Rechaza CARD aumente el valor de sellos que pagan los abogados

Santo Domingo, R. D.- El Ex Secretario General del Colegio de Abogados, de esta provincia, Gonzalo Ramírez, rechazó hoy las injustificadas pretensiones del presidente del CARD, Dr. José Fernando Pérez Vólquez, de que sea aumentado el valor de los sellos que pagan los abogados, que en la actualidad es de 30 pesos y que pretende sea aumentado a 200 pesos.

Pidió al Procurador General de la República, Dr. Radhamés Jiménez Peña, que no permita, bajo ninguna circunstancia, la materialización de tal despropósito en perjuicio de los abogados, que son los responsables de defender los derechos de los ciudadanos, pero que paradójicamente, no tienen quien los defienda a ellos.

Dijo que es cuestionable, que una de las primeras medidas de las actuales autoridades del CARD, sea aumentar en casi un 600 %, los impuestos que pagan los abogados, al realizar las distintas diligencias profesionales.

Indicó que si se administran de maneras pulcra los recursos que cada día aportan más de 40 mil abogados al CARD, y si se evita que la corrupción administrativa se los siga tragando, como se los han tragado las pasadas gestiones- de conformidad con la percepción de los abogados- dichos recursos serían suficientes para dotar al gremio que aglutina a los abogados, de un local digno y de la casa club para los abogados.

Hizo un llamado a todos los abogados del país, para que rechacen de manera categórica, las desafortunadas e inoportunas pretensiones, del actual presidente del CARD.

Gonzalo Ramírez, manifestó que el CARD es uno de los pocos gremios del país, cuyos recursos nunca retornan a sus afiliados, en obras y acciones que les beneficien, y deploró que los profesionales de la toga y el birrete, no cuenten con los beneficios de un seguro médico digno, ni con planes de pensiones, que les garanticen una vejez digna.

Dijo que el injustificado y desproporcionado aumento, propuesto por el presidente del CARD, afectaría negativamente a todos los dominicanos, porque los abogados se verían forzados a traspasar dicho aumento a los ciudadanos e instituciones públicas y privadas, que requieran los servicios profesionales de los togados.

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